Conseguidores, aprovechados e incapaces debilitan todavía más la "marca Rajoy"

Cuando la información se acumula y se repite en tantos medios el lector corre el riesgo de perderse. Algo así ocurre con la extensa red de presuntos corruptos, estrechamente vinculados con altos cargos partidarios e institucionales del PP.

Sirva este post como guía para dar un breve paseo cronológico:
La primera información data del día 6 de este mes, cuando se divulgaba la noticia de las primeras cinco detenciones, destacando la de Francisco Correa (empresa Orange Market), presunto jefe o coordinador de la red y beneficiario de sabrosas contratas, concesiones, favores y prerrogativas.

Las empresas que controlaban o controlan los cinco primeros detenidos constatan la profundidad y la profesionalidad del engranaje.

Los investigados forman parte de la elite empresarial que se codeaba y codea con la cúpula del PP valenciano, así lo revelan numerosos datos y crónicas de eventos.

Las grabaciones incorporadas al expendiente judicial parecen extraídas de un guión de película con personajes de la mafia: «Ganamos 12.000 kilos. De mi 50 %, yo reparto con Ramón, Álvaro y el alcalde».

O estas otras: "Le pusimos ahí y está subidito, se le ha olvidado que ha estado en la mierda" y El Ayuntamiento de Madrid contrató a la empresa Good and Better recién constituida la compañía, cuyos gestores son dos de los detenidos.

El PP es un lío: Rajoy dice que acepta la dimisión del alcalde de Boadilla del Monte, pero éste niega haberla presentado.

El escándalo sólo acaba de empezar, el juez instructor dispone de 25 cajas con documentación y ordenadores incautados en la llamada Operación Gürtel (gürtel, palabra alemana cuya traducción al castellano es correa).

A la vista de que el asunto amenaza con derivar en alud, el PP ha convoca una reunión extraordinaria y urgente de su comité ejecutivo nacional para mañana miércoles.

Lo que faltaba, el presidente de la comunidad valenciana entra en escena al ser mencionado en las grabaciones: Una de las implicadas en la investigación afirma que a Francisco Camps le han pagado varios trajes e identifica la tienda donde fueron adquiridos.

El colmo, la trama de presuntos corruptos queda conectada con el caso de espionaje intrapartidario descubierto en el PP madrileño.
¿Cómo, qué, cuándo...? Pues resulta que el presidente de la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga el caso del espionaje, el popular Benjamín Martín Castro, nombrado personalmente por la lideresa Aguirre, descubrió hace meses las corruptelas que se organizaban en Boadilla del Monte, amenazó con tirar de la manta y finalmente calló a cambio de una compensación económica.

Con todo este cúmulo de basura encima de la mesa, la secretaria general del PP se tira a la piscina al acusar al PSOE de utilizar el escándalo para... ¡Menuda memez!

Para colmo, el alcalde de Valladolid equipara las intenciones del juez instructor del caso con el hábito de ETA de poner bombas durante las precampañas y campañas electorales.

Por salud democrática, urge que María Dolores de Cospedal, el alcalde vallisoletano y demás confundidos acepten que en un Estado de Derecho con resortes democráticos (incluidos los partidos) es necesario e incluso obligatorio acosar políticamente a las organizaciones en las que anidan o en las que se apoyan los corruptos, máxime si --como en este caso-- hay indicios de que existe una organización o trama delictiva.

Es más, sería razonable y deseable que los propios militantes del PP --¡que en su inmensa mayoría son ajenos a este dislate!-- reclamaran la expulsión del partido de todos los implicados y de todos los que mantuvieron relaciones con ellos.

DE ALTO INTERÉS:
Texto íntegro del auto del juez instructor.