Los colegios profesionales de periodistas de Catalunya y Galicia emplazaron al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre la resolución de la Junta Electoral Central que obliga a los medios públicos a reservar tiempos de emisión concretos para informar de las actividades de los partidos durante la campaña electoral.
Previamente, el Tribunal Supremo había rechazado admitir a trámite un recurso sobre el mismo asunto y ahora el Constitucional se lava las manos alegando que no se ha agotado la vía judicial...
Los dos colegios recurrieron al considerar que imponer un minutaje en los espacios dedicados a las distintas candidaturas conculca derechos; resultando especialmente preocupante que la medida se haya hecho extensible a los medios de información de propiedad privada.
Previamente, el Tribunal Supremo había rechazado admitir a trámite un recurso sobre el mismo asunto y ahora el Constitucional se lava las manos alegando que no se ha agotado la vía judicial...
Los dos colegios recurrieron al considerar que imponer un minutaje en los espacios dedicados a las distintas candidaturas conculca derechos; resultando especialmente preocupante que la medida se haya hecho extensible a los medios de información de propiedad privada.
El asunto tiene miga, pues los criterios impuestos por la autoridad electoral --al margen de que pudieran ser útiles para preservar intereses partidarios, lo cual es más que dudoso-- restringen el derecho a informar y lo que es más inquietante: condicionan el derecho a ser informado.
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Imponer por ley criterios políticos equivale a favorecer al PP y al PSOE
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Imponer por ley criterios políticos equivale a favorecer al PP y al PSOE
Cabe considerar lógico que las juntas electorales velen por la aplicación de determinados criterios en materia de propaganda electoral, pero resulta injustificable que en un Estado democrático la Administración condicione la información prefijando la cantidad (espacio o tiempo) dedicado a unas y otras candidaturas, imponiendo pautas que carecen de base desde una óptica periodística y democrática.
La relevancia que puedan tener las noticias que protagonizan los partidos debería estar determinada por su transcendencia o interés público, aplicando los criterios que los profesionales o los medios estimen libremente. Es absurdo que la relevancia (tiempo o espacio) sea determinada por decreto, en función de la representación que cada partido tenga en el Poder.
Supeditar la información a cuotas de poder político supone, de entrada, aplicar pautas propangandísticas o comerciales y, de salida, equivale a condicionar y restringir el derecho a ser informado y lo que es más grave: la autoridad (el Estado) obliga a los medios a otorgar mayor presencia y, por tanto, tratamiento ventajoso a los partidos mayoritarios; o sea, al "bipartito".
Los colegios de periodistas catalán y gallego han recordado que la Constitución Española precisa de forma inequívoca que los sujetos del derecho a la información son los ciudadanos y los que deben dar satisfacción a ese derecho son los medios y los periodistas.
¿Por qué la Administración antepone intereses y derechos partidarios a los derechos de los ciudadanos?
¿Por qué deben tener más presencia en los medios unas alternativas políticas que otras?, ¿será que el Estado fomenta el bipartidismo?, ¿acaso el Estado se ha propuesto impedir que mejoren su representatividad las opciones minoritarias?
El asunto tiene cola...
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El asunto tiene cola...
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Por que te formulas las últimas preguntas si lo que deberías hacer son afirmaciones rotundas y categóricas?
ResponderEliminarNo es que el Estado se haya propuesto "impedir que mejoren su representatividad"; parece claro que el Estado se propone ELIMINAR de raiz la representatividad de ciertas opciones minoritarias. Véase el caso Bildu.
ResponderEliminarClaro que, en descargo del Estado, se puede mencionar el hecho de que en la entidad denominada "España" pululan los ciudadanos antidemócratas y liberticidas que están por la descalificación, la exclusión e incluso la persecución de las opciones independentistas, por cierto, sistemáticamente criminalizadas e insultadas por pseudo-periodistas y tertulianos de medio pelo.
Y no se crea que me refiero sólo a los ultraderechistas del PP; también abunda aquí el progre que se muestra "progrísimo" cuando se trata de Palestina, de Colombia o de los Balcanes, pero que tuerce el gesto y no ve más salidas que la imposición por la fuerza en cuanto se trae el tema de Catalunya, de Galicia o de Euskal Herria.
A NICOLÁS,
ResponderEliminarLas respuestas que el lector pueda dar a esas preguntas, solo y consigo mismo, tienen más valor y tiene mayor peso que las respuestas, afirmaciones o conclusiones que yo pueda ofrecerle --al margen de que son evidentes.
Saludos.