30 agosto 2011

Los idiomas españoles, la función pública y las falsas discriminaciones

He recibido carta de un lector de ImP que considero de interés reproducir, tanto porque plantea un asunto que cícilicamente es motivo de debate, como porque el autor hace una exposición cabal --no visceral-- de una cuestión que en ocasiones se aborda con odios territorialistas injustificables.
Dice así:

Me complace dirigirme a usted con respeto, y sin ánimo de molestar. Desde hace muchos años para participar en las oposiciones como médico especialista para el Servicio Catalán de Salud, el conocimiento del catalán se ha puntuado por encima del título de especialista vía MIR. Y que en las últimas, se ha exigido como requisito para poder participar. En la práctica la exigencia del idioma en las oposiciones se traduce en una selección del personal autóctono y una exclusión de los foráneos. Pienso que debo tener las mismas oportunidades que un catalanoparlante. El Artículo 3. dice
El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
Su respuesta, ayudaría a comprender el sentimiento, digamos. Deseo felicitarte por la riqueza de información que caracteriza a sus artículos, y que leo desde hace poco tiempo con atención y estima.
Cordiales saludos.

[Incluye firma; es decir, se identifica. No es un anónimo, lo cual también merece aplauso, pues en la Blogosfera (¡y fuera de ella!) el fenómeno de los anónimos dificulta la conversación o la malea e incluso llega a impedirla]


Mi respuesta
:

No me siento molesto, para nada; además su opinión respecto del asunto es legítima.
De entrada, una lectura objetiva del artículo 3 de la Constitución [«El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla»] no permite concluir que el castellano sea el único idioma español a utilizar, ni tampoco indica que un funcionario público esté eximido de conocer las demás lenguas oficiales si presta servicio en territorios donde el castellano comparte oficialidad con otras lenguas españolas.
Usted dice que «en la práctica, la exigencia del idioma (autóctono) en las oposiciones se traduce en una selección del personal autóctono y una exclusión de los foráneos». Eso es incierto, ústed puede aprender gallego sin ser gallego, o inglés sin ser inglés. 
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Ofrecer el mejor servicio posible 

Esa es una lectura personal y subjetiva que prescinde de lo colectivo: Quienes ejercen una función pública en Catalunya, Euskadi o Galicia deben saber expresarse en las dos lenguas oficiales para garantizar que el administrado --por ejemplo, un paciente-- pueda ser atendido en cualquiera de los idiomas en los que tiene derecho a ser servido, o sencillamente el que mejor entiende y/o en el que mejor se expresa.
En rigor, es falso que la exigencia de català, galego o euskera persiga expulsar del mercado laboral público a los forasteros.
En Galicia, por ejemplo, hay asturianos, castellanos, extremeños, catalanes, etcétera trabajando en la Administración y nada (ninguna ley) les ha impedido ingresar en las plantillas de la Xunta por razón de su origen o lugar de nacimiento; eso sí, es lógico que aprendan gallego, que es idioma tan oficial como el castellano en ese territorio del Estado, pues hay ciudadanos galegofalantes que se comunican mejor en su idioma materno y/o pierden capacidad de expresarse cuando lo hacen en castellano.
En resumen, no hay una reserva de plazas para catalanes, gallegos o vascos, sino que quien ejerce una función pública debe saber expresarse en el idioma del ciudadano al que sirve, con independencia del lugar de nacimiento del funcionario, haya nacido en otra comunidad española o en el extranjero.
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La mentira de la verdad españolista 

Es falso que los gobiernos catalán, gallego o vasco exijan a sus funcionarios haber nacido en Catalunya, Euskadi o Galicia.
En todo caso, en la función pública del Estado español quizá sería conveniente habilitar procedimientos similares a los que se aplican a los niños cuyas familias se mudan de una a otra comunidad autónoma.

[En Galicia, por ejemplo, los niños procedentes de una comunidad castellano hablante reciben clases de gallego para que lo aprendan, pero no se les puntúa durante uno o dos años para evitar que un posible suspenso en esa asignatura impida superar el curso]

En esa línea, un trabajador que sólo utilice el castellano y acceda a un empleo público que no le obliga a relacionarse con los administrados podría ser autorizado a ejercer su profesión en Catalunya, Euskadi y Galicia con la inexcusable obligación de aprender el idioma del territorio en un plazo de tiempo y predeterminado.
En todo caso, no hay ninguna ley que impida a un andaluz, castellano o cántabro obtener empleo en la Administración pública de Catalunya, Euskadi o Galicia.
Un abrazo.
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TEXTOS relacionados con el mismo asunto:
"Los idiomas, la enseñanza y las libertades de los padres-propietarios",
"El Gobierno gallego torpedea un derecho y se limpia con la Cultura", y
"Castellano en Catalunya: Rajoy ha mentido".
..
Y DE POSTRE: Una sonrisa para entender que la intolerancia lingüística es una de las mejores formas de fomentar el independentismo:
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8 comentarios:

  1. Asinaría a súa resposta se me fora permitido.

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  2. A AGREMON,
    Pola miña parte non hai inconvinte. Unha aperta.

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  3. Como trabajador que he sido del Servicio Catalán de Salud - hasta que el gobierno derechista de Artur Mas decidió eliminar varios miles de puestos de trabajo- me permito decir varias cosas:
    - Me parece más importante el derecho a la asistencia sanitaria de calidad, que a la asistencia sanitaria en un concreto idioma.
    - Es cierto que el derecho a ser atendido en la lengua vernácula es irrenunciable. La diversidad lingüística de España debería ser considerada una riqueza incalculable, cosa que no sucede con los distinguidos miembros de la "clase" política ( incluyendo a los nacionalistas)
    - Me inclino por la solución, de exigencia progresiva,propuesta en el penúltimo párrafo de la respuesta. Y lo hago como ciudadano que siente aversión por toda idea de patria.

    Saludos muy cordiales a todos.

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  4. Hola Félix: Has llegit el que prescriu l'article 31 de la llei 1/1998 de política lingüística? El teu creïs que respecta la llibertat d'elecció? És correcte imposar una de les dues llengües oficials, exigint una acció concreta per part de qui vulgui expressar-se o rebre la informació en la "altra" llengua?

    En el punt 3 d'aquest article 31, es permet "reconèixer-li" a l'Estat que les seves empreses depenents no retolin en català. Crec que hi havia una discussió judicial sobre aquest assumpte.

    Salut company.

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    1. Desconeixia aquesta reforma per la qual es permet o es permetrà que l'Estat (les seves empreses) quedi eximit de complir una llei. És una doble barbaritat, doncs a més de conculcar el dret dels residents a Catalunya, Euskadi o Galícia a utilitzar la seva llengua materna en les relacions amb l'Administració (o les seves empreses), discrimina les empreses privades o si es prefereix, atorga una prerrogativa que trenca l'equitat entre empreses privades i públiques així com entre les segones, ja que diferencia les públiques dependents de l'Administració central de les que estan adscrites a l'Administració autonòmica (de l'Estat són totes, doncs tan Estat és un ministeri com una conselleria autonòmica ).
      En fi, segueixen obstinats a que Espanya sigui un Estat de Dret que no té racionalitat jurídica, trufat de excpeciones que van provocant la instauració de més i més excepcions. amb l'agreujant que aquest laberint és per satisfer les estupideses ultranacionalistes de l'espanyolisme que considera que la cultura (els idiomes son cultura) ha d'estar supeditada al poder polític i a un concepte d'Espanya propi d'un Estat ètnic-culturalment uniforme.
      En aquest escenari és inevitable que augmenti el vici del territorialisme a la perifèria i amb això, el segregacionisme.

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  5. Hola Féli:

    He llegit que a partir de gener només es permetran articles de promoció turística de la ciutat i tradicions de Catalunya, aparadors de fruites i verdures, plantes i premsa. I al meu qui em pot negar a fer el que jo vulgui en el meu negoci? Solament en les dictadures. Em sembla molt greu. Li sembla bé aquestes coses?

    Salutacions.

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  6. Perdó aquest és l'enllaç de la notícia:

    http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6282352/11/14/Tarragona-no-vendera-sevillanas-ni-el-Toro-de-Osborne.html#.Kku82cHAEl8sULh

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    1. Segons la info del enllaç, la mesura només afectarà els productes, aparadors o taules instalades al carrer (espai públic), no a l'interior de les botigues (espai privat). O sigui, no val aixó que dius en el teu comentari: «qui em pot negar a fer el que jo vulgui en el meu negoci?»
      El carrer (espai públic) no és propietat de cap comerciant o empresari i la seva gestió i ús són competència de l'Administració, que pot regular la ocupació aplicant els criteris que estimi convenients en benefici de l'interès general (i millor no entrem en què seria o no seria beneficiós per a l'interès general, és un debat interminable i hi ha desenes de criteris).
      També és obligat subratllar aquesta frase: «La normativa difosa al web municipal s'ha consensuat amb tots els grups municipals».
      Fetes aquestes puntualitzacions, la meva opinió personal és que el consistori ha entrat en un jardí... Està bé potenciar comercialment els valors i productes locals, però em sembla una mica barroer fer-ho per la via d'una ordenança.
      Potser fins i tot sigui recurrible via Justícia, però no perquè l'Administració reguli detalls d'un negoci en un espai privat, cosa que no fa, ja que en rigor es limita a regular l'ús d'espais públics. Dic que em sembla que és pot recórrer perquè aquest tipus d'ordenança limita el principi de lliure comerç (lliure economia), no em sembla justificable en Dret que l'Administració determini quins productes es poden o no vendre al carrer, llevat que es refereixi a un mercat específic, ubicat en un lloc determinat i en què per tradició preestablerta (Dret consetuedinari) es comercialitzaran aliments, artesania o un altre tipus de productes concrets.
      L'al·lusió que fas a un règim dictatorial és exagerada. És una qüestió juridica (i política), res més.

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